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Estados Unidos de América - Panamá

Antecedentes

El 31 de octubre de 2012 comenzó a regir la zona de libre comercio entre Panamá y Estados Unidos de América, formalizada mediante el Tratado de Promoción Comercial que se había suscripto en la ciudad de Washington D.C. el 28 de junio de 2007.
El Tratado consta de veintidós capítulos que, además de las disposiciones generales y del programa de liberalización comercial y las políticas comerciales conexas, incluye regulaciones acerca de contratación pública; inversión; comercio transfronterizo de servicios; servicios financieros; telecomunicaciones; comercio electrónico; derechos de propiedad intelectual; tema laboral; ambiental; normas de transparencia; cláusulas institucionales; y sobre solución de controversias. Además de sus distintos anexos presenta doce cartas adjuntas que operan como interpretaciones auténticas para distintas cláusulas del Tratado.
Acerca de las medidas no arancelarias, queda establecido que “Panamá no podrá requerir, como condición para dedicarse a la importación o para la importación de una mercancía, que una persona de los Estados Unidos establezca o mantenga una relación contractual u otro tipo de relación con un distribuidor en su territorio”. Por otro lado, las Partes se comprometen a notificarse con sesenta días de antelación, la puesta en vigencia de licencias de importación (que por lo demás deben ajustarse al Acuerdo de Licencias de Importación de la OMC).
Se prohíben los impuestos a la exportación bajo cualquier forma, cuando graven la exportación de una mercancía al territorio de la otra Parte, a menos que tal impuesto, gravamen o cargo también se adopte o mantenga sobre la mercancía cuando esté destinada al consumo interno.
Dentro del capítulo tres sobre acceso de mercancías, Panamá reconoce como productos distintivos al “Bourbon Whiskey” y al “Tennessee Whiskey” como productos distintivos de Estados Unidos.
El comercio de productos agrícolas merece una extensa y minuciosa regulación en sección especial del capítulo sobre acceso a mercados. Allí figuran: disposiciones acerca de la administración e implementación de contingentes arancelarios; disciplinas para los subsidios a las exportaciones agrícolas; medidas de salvaguardia agrícola (indicando las mercancías sujetas, los niveles de activación por cada país y los aranceles de importación adicionales previstos a ese efecto). Asimismo, dentro de la sección aludida está incluido un mecanismo de compensación de azúcar, según el cual “…en cualquier año, Estados Unidos podrá, a su escogencia, aplicar un mecanismo que resulte en la compensación para los exportadores de Panamá de mercancías de azúcar en lugar de acordar un tratamiento libre de aranceles para alguna o toda la cantidad de mercancías de azúcar libre de aranceles establecida para Panamá en el párrafo 6 del Apéndice I de las Notas Generales a la Lista de Estados Unidos al Anexo 3.3.(…)”.
El sector de textiles y vestido tiene asignada también una sección especial dentro del mismo capítulo tercero del Tratado. Las mercancías del rubro comprendidas por este régimen son individualizadas en un anexo. Las disciplinas previstas para textiles y vestido lucen las exhaustivas regulaciones que, bajo el título de “cooperación aduanera” hacen referencia al régimen de verificación y monitoreo sobre el cumplimiento de los requisitos específicos de origen. Asimismo se prevén normas de salvaguardia textil; y un tratamiento libre de aranceles para ciertas mercancías del rubro. En este último aspecto, las Partes otorgarán tratamiento libre de aranceles a mercancías textiles o del vestido que mutuamente acuerden y sean: (a) tejidos hechos con telares manuales de la industria tradicional; (b) mercancías hechas a mano con dichos tejidos de la industria tradicional; o (c) mercancías artesanales folklóricas tradicionales; o (d) mercancías textiles o del vestido que incorporen sustancialmente una o más molas. En las definiciones el propio Tratado caracteriza a la voz “mola” (o “morra” en el idioma nativo Kuna) como “una mercancía a través de aplicaciones en reverso, de naturaleza tradicional e histórica, hechas dentro de Panamá, de pequeñas piezas decorativas de tela a una pieza más grande, elaboradas de atrás hacia delante con una combinación de tejidos de diferentes colores vivos. Una mola está hecha a mano en dos o mas capas de tejido, cosidas a mano una sobre otra, y está usualmente inspirada en la naturaleza, vida cósmica o diseños geométricos”. También merecen un tratamiento libre de arancel las importaciones: para ciertos vestidos y camisas estilo guayaberas; y para ciertos tipos de medias, en el último caso cuando el país importador sea Estados Unidos.
En las reglas de origen, merece destacarse un plazo de gracia a favor de Panamá por un período no mayor a tres años para diferir la puesta en práctica de las certificaciones electrónicas y el reconocimiento de la declaración del importador respecto de si la mercancía es originaria, incluyendo la confianza razonable en la información con la que cuenta el importador de que la mercancía es originaria.
Dentro del capítulo sobre administración aduanera y facilitación del comercio cabe un programa de monitoreo de las zonas libres de Panamá, para cuya operatoria se puntualiza que “las visitas de verificación serán conducidas bajo la autoridad de funcionarios panameños. La asistencia de funcionarios de los Estados Unidos a una visita se limitará a los propósitos establecidos en este artículo y no conferirá a dichos funcionarios ninguna autoridad dentro del territorio de Panamá”.
La imposición de salvaguardias comerciales está prevista para el periodo de transición, esto es, el período de diez años que comienza en la fecha de entrada en vigor del Tratado, excepto en los casos de mercancías incluidas  en la lista del Anexo 3.3. (Desgravación Arancelaria) de la Parte que aplica la medida donde se establece que la Parte debe eliminar sus aranceles sobre esas mercancías en un período de más de diez años, donde “período de transición” significa el período de eliminación arancelaria de esa mercancías, según se establece en esa Lista. Las salvaguardias comerciales, incluyendo sus prórrogas, no pueden ser aplicadas durante un plazo superior a cuatro años en total; y no pueden consistir en contingentes arancelarios ni en restricciones cuantitativas.
Con motivo del régimen de inversiones, el Tratado cuenta con un capítulo que reproduce cláusulas de estilo (incluyendo el mecanismo arbitral para la solución de controversias entre inversionista y Estado receptor) que caracterizan a los acuerdos de protección y promoción a la inversión extranjera directa. Pero además en otras partes del plexo normativo figuran cláusulas alusivas. Por empezar, en el Preámbulo las Partes acuerdan que “…no se concede a los inversionistas extranjeros derechos sustantivos más amplios en relación con las protecciones a las inversiones que a los inversionistas nacionales en virtud de la legislación nacional en casos en que, al igual que en los Estados Unidos, las protecciones de los derechos de los inversionistas en virtud de la legislación nacional equivalen o exceden las establecidas en el presente Tratado (…)”. Además y habida cuenta de otro Tratado bilateral preexistente sobre Tratamiento y Protección de las Inversiones firmado el 27 de octubre de 1982, el mismo queda suspendido a la entrada en vigor de este nuevo Tratado que cuenta, según lo indicado más arriba, con un dispositivo propio en la materia. Dentro de dicho dispositivo se incluyen los recaudos para efectuar expropiaciones, directas e indirectas. Acerca de éstas últimas, las Partes confirman su común entendimiento que “(…) salvo en circunstancias excepcionales, no constituyen expropiaciones indirectas los actos regulatorios no discriminatorios de una Parte que son diseñados y aplicados para proteger objetivos legítimos de bienestar público, tales como la salud pública, la seguridad y el medioambiente”. Y a propósito de la normativa vigente para el Canal de Panamá, en anexo se determina que “para mayor certeza, nada en este capítulo o en el capítulo once (comercio transfronterizo de servicios) será interpretado en el sentido de anular el derecho de Panamá a designar a la Autoridad del Canal de Panamá como la entidad exclusivamente responsable por el uso, administración, funcionamiento, conservación, mantenimiento, modernización y actividades relacionadas al Canal de Panamá de acuerdo a lo establecido en la Constitución de Panamá de 1972 (…)”.
El comercio de servicios es objeto de un capítulo general bajo el sistema de lista negativa (esto es, donde únicamente se exceptúan del trato nacional los sectores y rubros indicados en anexo). Dentro del mismo capítulo son objeto de regulación los servicios profesionales; y a través de un capítulo especial los servicios financieros. Dentro de éste último distintas excepciones marcan los márgenes dentro de los cuales caben medidas restrictivas por motivos de orden público. Al respecto, “…una Parte no estará impedida de adoptar o mantener medidas por motivos prudenciales (…) para garantizar la integridad y estabilidad del sistema financiero”; se hace reserva del derecho de aplicar “medidas no discriminatorias de carácter general adoptadas por cualquier entidad pública en cumplimiento de políticas monetarias o de crédito conexas o políticas cambiarias”; y no obstante lo dispuesto sobre transferencias de fondos, “una Parte podrá impedir o limitar las transferencias de una institución financiera o de un proveedor de servicios financieros transfronterizos a, o en beneficio de, una afiliada a, o una persona relacionada con dicha institución o proveedor, a través de la aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe de medidas relacionadas con el mantenimiento de la seguridad, solvencia, integridad o responsabilidad financiera de las instituciones financieras o de los proveedores de servicios financieros transfronterizos”. Asimismo, las Partes pueden adoptar las medidas necesarias para (…) prevenir “prácticas engañosas y fraudulentas o para hacer frente a los efectos de un incumplimiento de contratos de servicios financieros, sujeto a la exigencia de que dichas medidas no sean aplicadas de una manera que pudieran constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificada entre países en que prevalezcan condiciones similares, o una restricción encubierta a la inversión en instituciones financieras o al comercio transfronterizo de servicios financieros”.
Dentro del mismo capítulo relativo a los servicios financieros, un anexo contempla la disponibilidad expedita de servicios de seguros, incluyendo apartados con precisiones para cada una de las Partes. Así, en el caso de Panamá, queda constancia que este país “exige la aprobación previa de los productos, antes de la introducción de un nuevo producto de seguros. Panamá deberá disponer que una vez remitida la información a la autoridad supervisora por parte de la empresa que busca la aprobación de dicho producto, la autoridad deberá otorgar la aprobación o desaprobación, de acuerdo con la legislación panameña para la venta del nuevo producto, dentro de un término de treinta días. Panamá no establece limitaciones en el número o la frecuencia de introducción de productos”. Y en el caso de Estados Unidos de América, dicho país “deberá esforzarse por mantener las oportunidades existentes o puede optar por considerar políticas o procedimientos tales como: no requerir aprobación de seguros distintos a aquellos seguros vendidos a particulares, o seguros obligatorios; permitir la introducción de productos salvo aquellos que sean desaprobados dentro de un plazo razonable de tiempo; y no imponer limitaciones al número o frecuencia de introducciones de productos”.
El capítulo sobre propiedad intelectual presenta un pie de página en el cual “las Partes reconocen que el Convenio UPOV 1991 contiene excepciones a los derechos del obtentor, incluyendo los actos realizados en el marco privado y con fines no comerciales, como por ejemplo actos privados y no comerciales de los agricultores. Además, las Partes reconocen que el Convenio UPOV 1991 establece restricciones al ejercicio de los derechos del obtentor por razones de interés público, siempre que las Partes tomen todas las medidas necesarias para asegurar que el obtentor reciba una remuneración equitativa. Las Partes también entienden que cada Parte puede valerse de estas excepciones y restricciones. Finalmente, las Partes entienden que no existe contradicción entre el Convenio UPOV 1991 y la capacidad de una Parte de proteger y conservar sus recursos genéticos”.
En el citado capítulo se encuentran disposiciones acerca de: indicaciones geográficas; nombres de dominio en Internet; derechos de autor; protección de las señales de satélite codificadas portadoras de programas; patentes, y medidas relacionadas con productos químicos agrícolas y farmacéuticos. Por último, explícitamente se acuerda que “…las obligaciones del presente capítulo no impiden, ni deben impedir, que una Parte tome las medidas necesarias para proteger la salud pública mediante la promoción del acceso a medicamentos para todos…”
En otro lugar del plexo normativo, dentro del capítulo tres sobre acceso de mercancías, Panamá reconoce al “Bourbon Whiskey” y al “Tennessee Whiskey” como productos distintivos de Estados Unidos.
Al igual que en otros Tratados de última generación, el capítulo sobre protección ambiental prevé la posibilidad de denuncias por particulares ante el incumplimiento de la aplicación efectiva de la legislación ambiental de una Parte. Dichas comunicaciones, una vez evaluadas a nivel de una secretaría u otro organismo apropiado, pueden dar lugar a la elaboración de “expedientes de hechos” para ser informados a la autoridad de aplicación.
Finalmente, dentro del capítulo de solución de controversias está contemplado el recurso por anulación o menoscabo –esto es, sin necesidad de infracción directa- cuando cualquier Parte considere que los beneficios que razonablemente pudiera haber esperado recibir, fuesen objeto de dichas anulaciones o menoscabos, como resultados de la aplicación de cualquier medida por la otra Parte, aunque la misma no aparezca en si como incompatible con este Tratado. El referido recurso, que habilita el acceso a las instancias de solución de controversias previstas en el capítulo, cabe a propósito de las materias reglamentadas por los capítulos sobre: acceso a mercados; origen; administración aduanera y facilitación de comercio; obstáculos técnicos al comercio; contratación pública; comercio transfronterizo de servicios; y derechos de propiedad intelectual.
Fecha de firma:
28 junio 2007
Fecha de entrada en vigencia:
31 octubre 2012
Países miembros (Originales, adherents y denunciantes):
Países Fecha de entrada en vigencia Fecha de denuncia Observación
bandera us Estados Unidos 31-10-2012 - -
bandera pa Panamá 31-10-2012 - -
Exportaciones Intra Acuerdo:

Total de Exportaciones
US$ 1,313,918,493,088,000
Exportaciones Intra-regionales 0.4%


Exportaciones a Países Miembros:
% de Total Exportaciones 2012 2016
Estados Unidos 0.7% 0.4%
Panamá 19.6% 20.3%
El 31 de octubre de 2012 comenzó a regir la zona de libre comercio entre Panamá y Estados Unidos de América, formalizada mediante el Tratado de Promoción Comercial que se había suscripto en la ciudad de Washington D.C. el 28 de junio de 2007.
El Tratado consta de veintidós capítulos que, además de las disposiciones generales y del programa de liberalización comercial y las políticas comerciales conexas, incluye regulaciones acerca de contratación pública; inversión; comercio transfronterizo de servicios; servicios financieros; telecomunicaciones; comercio electrónico; derechos de propiedad intelectual; tema laboral; ambiental; normas de transparencia; cláusulas institucionales; y sobre solución de controversias. Además de sus distintos anexos presenta doce cartas adjuntas que operan como interpretaciones auténticas para distintas cláusulas del Tratado.