La denominación completa del instrumento jurídico fundacional de este esquema da cuenta de sus ambiciosos alcances: “Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra”. Al trazar sus objetivos, el mismo Acuerdo indica el establecimiento de “una asociación política y económica entre las Partes basada en la reciprocidad, el interés común y la profundización de sus relaciones en todos los ámbitos de su aplicación”.
La entrada en vigencia del Tratado, el 1 de febrero de 2003, involucra a la Parte IV (“Comercio y cuestiones relacionadas con el comercio”). En cambio, para la aplicación de otros aspectos, tales como el “Diálogo Político” (Parte II), la “Cooperación” (Parte III) y la liberalización de servicios e inversiones, se requiere la ratificación por parte de cada uno de los Estados miembros de la Comunidad Europea (CE).
El nuevo esquema de integración había sido firmado en noviembre de 2002, luego de dos años de negociaciones, a partir de abril del año 2000.
Distintos funcionarios de la Comunidad han considerado que este Acuerdo es más amplio aún que el concertado previamente con México. Por su parte, en Chile se puso énfasis sobre la significación actual y potencial del Acuerdo. En tal sentido, los comentaristas indicaron que la CE es el primer socio comercial del país, el primer mercado para sus exportaciones y el principal origen de la cooperación internacional. Durante las negociaciones y al darse a publicidad la puesta en vigor del Acuerdo, quedaron en evidencia las expectativas chilenas de mejorar su desempeño exportador de productos agroindustriales y sobre la necesidad de profundizar el vínculo entre el sector público y el sector privado para mejorar las aptitudes de calidad e inocuidad requeridas por los exigentes mercados europeos.
Los análisis efectuados por la agencia oficial Pro-Chile destacaron el carácter de “alianza estratégica” reconocido a este esquema, en cuyo marco se puso de relieve la posibilidad de encauzar inversiones europeas en el país para generar producciones exportables a terceros países, merced a la red de acuerdos de libre comercio ya formalizados por Chile, en especial dentro de América Latina.
En materia de cooperación se consideran las áreas económica y financiera, técnica y de ciencia y tecnología. Sobre ésta última se ha destacado la posibilidad de Chile de acceder, mediante un “upgrading” contemplado en el mismo Acuerdo, a programas avanzados que hoy en día están circunscriptos a los Estados miembros de la misma Comunidad.
El programa de desgravación comercial incluye seis categorías o canastas. En una primera evaluación quedó en evidencia que inmediatamente quedarán desgravadas en su totalidad las exportaciones chilenas a la CE que representan más del 85% del total. Al cabo del cuarto año ese porcentual se elevará al 96%, incluyéndose productos agroindustriales de gran significación para las economías regionales de Chile. Quedan excluidas del programa sólo algunas posiciones arancelarias correspondientes a productos agrícolas y pesqueros, si bien se contempla una “cláusula evolutiva” a su respecto (artículo 74). Asimismo, se supone que las instancias bilaterales creadas en los ámbitos de medidas sanitarias y fitosanitarias y de reglamentos y normas técnicas habrán de contribuir a la disminución de costos e incremento de la seguridad de acceso a los mercados de la UE.
El 30 de abril de 2004 fue rubricado un Protocolo Adicional al Acuerdo de Asociación Política y Económica que integra el Tratado. Dicho Protocolo tiene el objeto de ajustar el Acuerdo a la incorporación de diez nuevos Estados miembros de la Comunidad Europea, concretada el 1 de mayo: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta. Polonia y República Checa. Precisamente, el Protocolo fijará entre los nuevos signatarios (Chile y los mencionados Estados) compromisos específicos en los sectores de servicios, inversiones y compras gubernamentales, de conformidad a las reglas que rigen la competencia compartida entre los órganos comunitarios y los Estados Miembros de la Comunidad Europea.