La Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), compuesta por la República de Islandia, el Principado de Liechtenstein, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza, negoció con los Estados Unidos Mexicanos un Tratado de Libre Comercio que finalmente fue firmado en la ciudad de México el 27 de noviembre de 2000. Los instrumentos de ratificación de México, de la Confederación Suiza y del Reino de Noruega fueron depositados durante el mes de junio de 2001, y la promulgación por México consta en el Diario Oficial del 29 de junio de 2001. Para los citados Estados que suscribieron y ratificaron dicho Tratado, el mismo rige desde el 1 de julio de 2001.
Queda consagrada un área de libre comercio de conformidad a las previsiones contenidas en el artículo XXIV del GATT, aplicándose el programa de desgravaciones a los bienes comprendidos dentro de los capítulos 25 al 98 del Sistema Armonizado. Los Estados de la AELC comprometen la eliminación inmediata de los aranceles aduaneros sobre las importaciones originarias de México, excepto respecto de las mercaderías indicadas en dos anexos (III y IV) del Tratado. En cambio, el programa de desgravación de México está enteramente contenido en los Anexos III y V.
Con relación al sector agrícola, fueron celebrados tres acuerdos bilaterales, de México respecto de cada uno de los Estados de la AELC, por lo que divergen los respectivos programas de desgravación. Acerca de las restricciones no arancelarias a la importación y exportación, ellas son eliminadas con excepción de las previsiones expresamente fijadas por el Anexo VI.
En materia de prácticas de competencia desleal, las Partes se reservan el derecho de adoptar los remedios previstos en los acuerdos multilaterales de la OMC, pero tanto en el caso de procedimientos destinados a fijar medidas compensatorias como en aquellos que tengan por objeto el establecimiento de derechos antidumping, queda acordado el compromiso previo de notificar por escrito a la Parte involucrada con vistas a la realización de consultas en un período de dos días.
El Tratado incluye una salvaguardia especial y contempla las correspondientes compensaciones.
Es objeto de regulaciones especiales la liberalización del comercio de servicios, para la cual se prevé que a más tardar dentro de los tres primeros años de vigencia del Tratado el Comité Conjunto adoptará una decisión que incluirá el compromiso de liberalizar una lista de servicios durante un período de diez años a partir de dicha vigencia. Respecto de los servicios financieros, cada Parte queda comprometida a permitir a los proveedores de otra Parte el establecimiento de una presencia comercial en su territorio, así como el suministro transfronterizo de tales servicios.
El apartado sobre Compras del Sector Público contempla la concesión en forma inmediata e incondicional a los productos, servicios y proveedores de las otras Partes, un trato no menos favorable que el otorgado a los productos, servicios y proveedores nacionales. En este tema es particularmente relevante la disposición según la cual “en la calificación de proveedores y la adjudicación de contratos, ninguna entidad de una Parte podrá condicionar una compra a que a un proveedor se le hayan asignado previamente uno o más contratos por alguna entidad de esa Parte, ni a la experiencia previa de trabajo del proveedor en territorio de esa Parte”.
En el aspecto institucional es erigido un Comité Conjunto México-AELC, que tomará sus decisiones por consenso. En caso de plantearse controversias con motivo de la aplicación del Tratado y ante el fracaso de la instancia de consultas, se prevé la actuación de paneles arbitrales a ser convocados ad hoc. Cuando las controversias estén referidas a materias contempladas por la OMC, la Parte que promueva el arbitraje tendrá expedita la posibilidad de elección de foro.