Culminando negociaciones bilaterales que habían insumido trece rondas de intensas tratativas, el día 6 de enero de 2006 el Presidente de Estados Unidos de América notificó al Congreso de su país la intención de suscribir este Tratado de libre comercio. Finalmente, se firmó el 12 de abril del mismo año en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la ciudad de Washington. Con posterioridad a la firma de enmiendas o “adendas” al Tratado (25 de junio de 2007), el Congreso de Estados Unidos de América le dio aprobación parlamentaria en su nueva versión. Con posterioridad, el Presidente de ese país promulgó la ley en diciembre de 2007. A su turno, el Congreso del Perú sancionó un régimen de delegación de facultades el 14 de diciembre del mismo año, para que el Poder Ejecutivo pudiera dictar las normas de implementación requeridas para ponerlo en vigencia. Quedó establecido que dicha delegación de facultades habría de regir durante seis meses, contándose con una Comisión Especial, compuesta por legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo, a fin de revisar las propuestas normativas antes de su eventual aprobación por el Consejo de Ministros.
Corriendo el plazo semestral, las preocupaciones se concentraron sobre la necesidad de legislar en temas de propiedad industrial y software. En especial resaltaba el problema relativo a propiedad industrial al implicar la revisión de la Decisión 486 referida al Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina. Finalmente la norma modificatoria del Régimen Común fue efectivamente sancionada, aunque con la resistencia e impugnación de Bolivia. En ese momento la delegación boliviana consideró violentado el artículo 26 del Acuerdo de Cartagena, con respecto al régimen de votación exigido para cuestiones comerciales.
Con posterioridad, en el Congreso del Perú quedó planteado el problema derivado de la sanción de decretos legislativos cuestionados por las Comunidades Campesinas y las Comunidades Nativas y que luego merecieron la intervención del Tribunal Constitucional. Dicho cuestionamiento, a propósito de las previsiones de esos decretos con respecto al régimen de votación requerido a las comunidades campesinas para autorizar actos de disposición y administración sobre sus tierras, estuvo basado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Perú, según el cual cuando el Estado elabora disposiciones legislativas o administrativas relacionadas con los pueblos indígenas debe abrir mecanismos de consulta y participación antes de ponerlas en vigor. Finalmente la protesta quedó saldada con la derogación de los decretos cuestionados, el día 22 de agosto de 2008. Superado el episodio, el 17 de septiembre se difundió un mensaje del Presidente de la subcomisión parlamentaria encargada de analizar los decretos legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo para la implementación del Tratado con Estados Unidos de América. El legislador hizo saber que dicha subcomisión estaba preparando su plan de trabajo y estimaba que culminaría la labor en el término de sesenta días. Estas tareas culminaron exitosamente y el 16 de enero de 2009 el Presidente del Perú expresó que su país había cumplido con los recaudos acordados. Finalmente, el Tratado entró en vigor el 1 de febrero de 2009.
Pese al calificativo de “promoción comercial” se trata de un Tratado de Libre Comercio de última generación. En tal sentido, contiene minuciosas regulaciones sobre materias de interés común como es el caso del comercio de textiles y vestido. Acerca de esta materia, en un mismo capítulo se concentra la normativa sobre origen, cooperación aduanera y medidas de salvaguardia. En materia comercial, el Tratado incluye disposiciones destinadas a resguardar, promover y coordinar acciones de facilitación, transparencia y promoción. Otras cuestiones de singular importancia para las vinculaciones económicas, más allá del comercio de mercancías, son objeto de exhaustivo tratamiento en distintos capítulos: inversiones, comercio de servicios, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico y derechos de propiedad intelectual. Al igual que en otros instrumentos contemporáneos, las disposiciones sobre asuntos laborales y de medio ambiente se integran en sendos capítulos al cuerpo principal del Tratado.